Las dudas ante la impartición de justicia: ¿De verdad todos somos Jacinta?

Por: Antonio González Díaz

La versión oficial señala que el 26 de marzo del 2006, seis agentes Federales de Investigación que cumplían con un oficio de investigación sobre la posible venta de artículos apócrifos y de droga se trasladaron al tianguis del Poblado de Santiago Mexquititlán.

Al retirar los discos falsificados de uno de los puestos, según localizaron ocultos envoltorios de cocaína. Sin embargo, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio azuzaron a la población y apoyados por los lugareños amenazaron con agredir a los agentes si no les devolvían tanto la droga como las piezas “pirata”.

De acuerdo a las versiones del personal federal, se tocaron las campanas de la iglesia local y se instó a lincharlos.  Ante esta situación elementos solicitaron apoyo por lo que más agentes Federales de Investigación, de la Policía Investigadora Ministerial, de la Estatal y Municipal de San Juan del Río acudieron al lugar.

Al llegar al lugar, presuntamente Francisco Marcial, quien encabezaba a la muchedumbre, les exigió, en perfecto español, 80 mil pesos a cambio de la liberación de los AFI’s. Luego de negociar los pobladores soltaron a cinco y uno de ellos quedó “en prenda” hasta que no se consiguiese el dinero para el rescate.

Cuentan los elementos involucrados que entre ellos comenzaron a cooperar y juntaron 70 mil pesos, mismos que supuestamente entregaron al pueblo en manos de Jacinta para evitar que prendiera fuego a la gasolina que ya habían rociado contra el elemento federal que quedaba en cautiverio.

Ante esta situación, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron detenidas y consignadas ante un Juzgado Federal bajo los cargos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delitos cometidos contra servidores públicos y contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína.

El Juez Cuarto de Distrito en la entidad, luego de analizar los elementos de prueba en su contra, el pasado 25 de febrero dictó sentencia condenatoria de 21 años de prisión y 91 mil 620 pesos de multa contra las tres detenidas.

Sin embargo, organismos de la sociedad civil que intentan revocar la sentencia contra Jacinta refieren otra versión. En ella narran que el 26 de marzo del 2006 seis sujetos que se hicieron pasar por agentes Federales de Investigación, sin uniformes ni oficios que avalaran su actuar, se trasladaron a la comunidad de Santiago Mexquititlán.

Allí, bajo el argumento de que se trataba de mercancía apócrifa, supuestamente comenzaron a asegurar múltiples productos que ofertaban los comerciantes, sin mediar explicación alguna.

Hartos de este tipo de acciones, los pobladores del lugar retuvieron a los supuestos agentes federales y exigieron a sus jefes, léase un Agente del Ministerio Público de la Federación y el Jefe Regional de la AFI, que devolvieran la mercancía y pagaran los destrozos que provocaron.

Según esto, los “jefes” se retiraron de la zona prometiendo devolver la mercancía. Sin embargo, cuenta la versión, regresaron mercancía que no correspondía a la incautada, sino que era producto de otros operativos, lo que enardeció a la muchedumbre misma que exigió el pago inmediato.

El Agente del Ministerio Público de la Federación y el Jefe Regional de la AFI dialogaron con la población y lograron sacar del pueblo a los cinco agentes, dejando como garantía a uno de sus compañeros.

Al regresar al lugar con el dinero requerido, los agentes se hicieron acompañar por más efectivos policíacos y un reportero del periódico Noticias, quien supuestamente tomó una foto para ilustrar su nota en la cual captó a una indígena que no tenía ninguna relación con los hechos de nombre Jacinta Francisco Marcial y la cual presuntamente sólo se asomó entre la muchedumbre.

De acuerdo a los defensores, dicha fotografía es la única prueba de la que se valió la autoridad federal para determinar la detención de Jacinta el 3 de agosto de 2006 y su correspondiente sentencia el pasado 25 de febrero.

Asimismo, argumentan que hubo diversas anomalías violatorias a un debido proceso, entre las cuales sostienen que Jacinta, quien supuestamente sólo habla otomí, nunca tuvo acceso a un intérprete y que jamás tuvo conocimiento del contenido de su declaración.

Se pueden enlistar innumerables casos como el de Jacinta en los que la impartición de justicia y los procesos penales no han sido pulcros e irrefutables ante la opinión pública, tal es el caso de Ernestina Ascencio cuyo estandarte fue la presunción de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército y la utilización del aparato de Estado, tanto de Veracruz como Federal, para tergiversar el señalamiento.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras una serie de investigaciones, resolvió que no hubo violación física tumultuaria y que la causa de la muerte de Ernestina fue “la pobreza”; asimismo, señaló que detrás del caso existieron otros turbios intereses que no eran menester de la Comisión señalar.

Asimismo, en la gran mayoría de los casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, existe un viso de inconformidad por parte de los familiares, quienes padecieron de la impericia, ineptitud u omisión de los funcionarios públicos encargados de su investigación, los cuales durante un largo período no pudieron dar certeza ni siquiera de la identidad de las víctimas.

Pero las dudas sobre el correcto proceder de los encargados de procurar e impartir justicia no son en vano. Recordemos el caso de Laura Elena Zúñiga Huizar, acusada de delitos del orden federal, linchada mediáticamente y catalogada como la “Miss Narco” sin más evidencia que la versión a vuela pluma difundida por las autoridades federales, mismas que tuvieron que ofrecer el socorrido “usted disculpe” ya que no encontraron pruebas en su contra. Mientras, una vida y una carrera fueron destruidas.

Este 4 de abril, se dio a conocer la detención, en Santa Ana, Sonora, de Anahí Beltrán Cabrera. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la joven “se encontraba en posesión de dos ametralladoras, seis fusiles, un lanza granadas, una granada de mano, 267 cargadores, nueve mil 629 cartuchos y un paquete con 750 gramos de cocaína”, así como tres camionetas. En el hangar de la Policía Federal fue presentado el arsenal y como “cereza del pastel” la muchacha de 20 años franqueada por dos elementos federales.

De inmediato el morbo y el linchamiento de los medios surgió ante la noticia de que una joven mujer fuera detenida con el arsenal en el cual se incluía una ametralladora con fusiles antiaéreos.

Pero a la evidente relación circunstancial de la joven con el armamento nadie dio cabida y de inmediato surgió la acusación. Sin embargo, sin el afán de exculparla –no es mi función- ¿saben ustedes cuánta gente es inmersa en los grupos delictivos bajo engaños, en el mejor de los casos o amenazas de muerte contra ellos o sus familias? Ante ello no encuentran otra opción que sumergirse en la delincuencia.  

No olvidemos que la presunción de inocencia es un derecho inalienable y en cuya tentación de rompimiento ni las autoridades, ni los medios debemos caer. Los medios no debemos exigir “la foto del detenido” y las autoridades no deben exponer a los presuntos responsables a circunstancias violatorias del debido proceso.

Recordemos que ni los medios ni las autoridades de primer orden somos los responsables de los juicios, son los tribunales y juzgados los encargados de la impartición de justicia. Olvidemos de una vez por todas los juicios mediáticos.

Por otra parte, si las autoridades de verdad están dispuestas a enfrentar a la delincuencia, deben empezar a pulir sus sistemas de procuración de justicia para que sea pulcra, expedita e indubitable, ya que mientras esto continúe, las dudas sobre su actuar surgirán una y otra vez, y se seguirá manifestando ante los grupos criminales su incapacidad para perseguir, investigar y castigar a los verdaderos delincuentes, no a la carne de cañón.  

Mientras, para otros es un negocio muy rentable la defensa de casos indefendibles y la creación de novelas rosas de sufrimiento. Al fin y al cabo, la lágrima y el moco tendido venden, ¿no?

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