El poder supranacional del narco

Por: Antonio González Díaz

Si bien es cierto que han aumentado las aprehensiones de dirigentes de carteles del narcotráfico y la delincuencia organizada, la droga sigue produciéndose y circulando en grandes cantidades en las calles. Ante esta "hidra de mil cabezas", el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha optado por hacer del Ejército su brazo fuerte, pero esta especie de militarización de la seguridad pública, tiene no pocos recovecos, que podrán generar problemas más grandes que el propio narcotráfico.

El general retirado José Francisco Gallardo, sostiene que "si bien el Ejecutivo puede usar al Ejército para salvaguardar a la población civil, su papel preponderante no es solventar las tareas de seguridad pública que le competen a otras instancias; esta sustitución de funciones viola la Constitución mexicana, que marca que sólo un estado de alerta puede requerir el servicio de la máxima fuerza de seguridad en el país".

A esta situación se agrega el problema latente de la deserción militar la cual sólo el año pasado ascendió a 17 mil 758 elementos de tropa, 119 oficiales y ocho jefes, según datos revelados por el subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare. Estos miembros desertores, ante la mala paga y urgencia de dinero, sin duda pueden ser –o son- tentados por el crimen organizado, que día con día ha evidenciado su presencia en sus grupos delictivos.

A decir del académico de la UNAM, Luis Astorga, de continuar la creación de ejércitos privados de ex soldados, "entraríamos en una lógica distinta, al pasar de los señores de la droga a los señores de la guerra, financiados con dinero del narcotráfico", de acuerdo a una entrevista concedida al semanario Proceso. "En la práctica, el Estado Mexicano está capacitando a los sicarios", sentencia.

Pero ante la crisis de confianza en las autoridades locales y la infiltración del crimen organizado en sus filas, para el Gobierno de Felipe Calderón no existe otra opción más que la de militarizar este esfuerzo. De acuerdo a Pablo Monsalvo Pérez, catedrático de la Universidad Iberoamericana, "la gran parte de los municipios de la República no tiene la capacidad necesaria para hacerse cargo, por lo que es necesario modificar el concepto de Municipio, mismo que nadie se ha atrevido a cambiar por el riesgo político que implicaría".

Aunado a esto, el sistema de Seguridad Púbica mexicano es un programa de empleo, porque lo único que hace es darle trabajo a los policías, para evitar que éstos se dediquen al crimen. "Se les da un sueldo miserable, en vez de buscar gente con vocación, que se prepare en una carrera verdaderamente profesional, independientemente del partido que gobierne", dijo Monsalvo Pérez.

De ser así, podrían evitarse casos como el de Baja California y Sonora, recientemente expuestos ante la opinión pública por el General del Ejército Mexicano, Sergio Aponte Polito, quien hace unos días realizó severas críticas a las corporaciones de seguridad locales, en las que afirmó, existe una afianzada relación con los grupos criminales.

Afirmaciones de este tipo ya son algo común en el General, anteriormente destacamentado en la región central del país y en la del Pacífico. Al mando de la Novena Zona Militar, a finales del 2005, ante el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, Aponte Polito señaló que la corrupción en los cuerpos policiacos no estaba siendo atacada y exigió al mandatario local una limpia en las corporaciones policiacas en las cuales, acusó, "hay agentes que brindan protección a narcotraficantes" y específicamente señaló al jefe de la Policía Municipal, Octavio López Valenzuela, de estar al servicio del narco, con base en una denuncia anónima recibida por el Ejército, según reportó el aquél entonces la revista Riodoce.

Sin embargo, al poco tiempo de esta sentencia, Sergio Aponte Polito, fue reubicado, mientras que la Zona Militar fue desarticulada y transferida a otras actividades.

Lamentablemente, en su lucha contra el narcotráfico, el Estado ha respondido con una violencia tradicional que se concentra en sólo defender el territorio, olvidando que la delincuencia es ya "supranacional", al no limitarse a frontera alguna, poseer una combinación de inteligencia, poder económico y político, y actualizarse constantemente.

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