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March 12, 2010 13:21:06
Antonio González
¿Se puede ejercer plenamente el periodismo en México?
El constante flujo de las horas y los minutos se vuelve interminable cuando de resolver los homicidios y agresiones contra periodistas se trata. Tal parece que el tema de la libertad de expresión y el riesgo que representa el ejercicio periodístico sólo son retomados cuando un periodista es asesinado.
Las afirmaciones de organismos internacionales, que señalan las deficiencias del Estado Mexicano para salvaguardar la garantía constitucional de libre expresión, sólo tienen eco si llevan "entre las patas" a un colega muerto o si el periodista "agredido" es un divo o diva de los medios de comunicación.
Pero las agresiones en el día a día de los que hacen el periodismo de banqueta pasan desapercibidas y ese anonimato lleva consigo la impunidad. Sin embargo, su efecto es el mismo, que va de la autocensura hasta la tergiversación de la realidad, en donde los periodistas cierran la boca para que no les entren las balas, ni les lleguen los golpes, o simplemente no pierdan el trabajo. A continuación un esbozo de estos casos en lo que va del año, de acuerdo a reportes periodísticos.
En el Estado de México, el director y subdirector del semanario El Real, Bonifacio Cruz Santiago y su hijo Alfonso Cruz Cruz, fueron asesinados en el Municipio de Chimalhuacán.
En Chihuahua, un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestó y esposó momentáneamente a Luis Arceo, camarógrafo de TV Azteca Juárez, con el fin de impedir que grabara el hallazgo de un hombre ejecutado; mientras que el reportero del periódico Norte, Carlos Huerta Muñoz, fue amenazado de muerte por un desconocido que se identificó como integrante de "La Federación".
En Veracruz, el periodista Octavio Soto Torres, director del diario "Voces de Veracruz" de la ciudad de Pánuco, fue víctima de un atentado por tres sujetos que le dispararon, resultando herido de un rozón de bala en la cabeza.
En Chiapas, debido a los constantes señalamientos que ha hecho el corresponsal del Diario de Chiapas, Víctor Pacheco Rosado, sobre la administración del Municipio de Pichucalco, fue amenazado de muerte.
En Puebla, por lo menos seis guaruras y empleados de Javier García Ramírez y Óscar García, presuntamente agredieron físicamente, además de amenazar a Efraín Núñez Calderón y Ulises Ruiz, reportero y fotógrafo del Diario Cambio, respectivamente, cuando éstos realizaban un reportaje en el Hospital General del Norte, para dar seguimiento a los señalamientos de graves irregularidades que hay en la construcción del mismo.
En Tlaxcala, el perredista Faustino Blas Domínguez Méndez y el panista Pedro Tecuapacho Rodríguez, agredieron y retaron a golpes al reportero de la Jornada de Oriente, Juan Luis Cruz Pérez, después de que evidenciara que presumiblemente se autorepartieron ilícitamente recursos del erario público en su carácter de diputados locales. En ese mismo estado, tres sujetos desconocidos amenazaron de muerte por su trabajo periodístico a la reportera del periódico digital E-Consulta, Leticia Alamilla Castillo.
En Campeche, agentes ministeriales le arrebataron la cámara a Héctor Huchín Caamal, le quitaron su celular y lo sujetaron cuando recababa información sobre unos sujetos detenidos en un retén.
En Guerrero, por privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas y ejercicio indebido de la función pública, el reportero de Chilapa, Félix Salgado Marcos, presentó una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en contra del director de Seguridad Pública de ese Municipio, Miguel Reyna Martínez, y el comandante de la Policía Municipal, Moisés Romano Lozano, a quienes también denunció ante la Procuraduría General de Justicia del estado.
En Jalisco, el fotógrafo del periódico Mural, Raúl Méndez, fue esposado y retenido por un elemento de la Policía estatal, quien argumentó que no podía tomar fotografías afuera de un edificio público.
En Oaxaca, el director del periódico Contrapoder, Gildardo Mota Figueroa, denunció que posiblemente por su línea periodística de crítica en contra de los funcionarios integrantes de la "Burbuja", en el régimen priísta de Ulises Ruiz Ortiz, ha sido blanco de varios atentados en contra de su persona y de su familia, entre los que se encuentra el "levantón" de su esposa.
En Guanajuato, guardias privados del fraccionamiento residencial "Gran Jardín", agredieron física y verbalmente al reportero Guillermo Santana y el fotógrafo Ignacio Martínez, del diario El Sol de León, quienes iban a cubrir un accidente vial en el que pereció una persona del sexo femenino.
En Michoacán, el reportero Mauricio Estrada Zamora, de la fuente policíaca del periódico La Opinión de Apatzingán, desapareció. A su vez, Ignacio Roque Madríz, corresponsal en la ciudad de Morelia del diario La Crónica de Hoy, fue víctima de un abuso de autoridad, prepotencia y violencia de más de 15 elementos del Ejército Mexicano, quienes encapuchados entraron a su vivienda apuntándole con fusiles.
En Campeche, el corresponsal del periódico Crónica, Tirso Alonso Balán Collí, fue agredido cuando cubría el "secuestro" de cuatro vehículos en el parque principal de Calkiní.
Lo anterior es solo una muestra de lo que pasa en nuestro país, en donde la constante es la impunidad de los agresores y uno de los factores que propicia la consecución de este tipo de ilícitos.
Estos casos son ejemplo de lo aún "denunciable", sin embargo, la situación se ha tornado más violenta en estados en donde la delincuencia organizada se apoderó de las plumas, lugares en los que la investigación dejó de hacerse y las denuncias sólo se pueden lanzar bajo el cobijo de algún seudónimo o el manto de la acogida firma de "Redacción" o "Staff".
Nombre de la Columna: En el Punto
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