México entre dos fuegos

Por: Antonio González Díaz

Los ataques a bases operativas y lugares de concentración de agentes federales, militares y marinos en Michoacán, Guerrero y Guanajuato; la reciente ejecución de dos mormones en Chihuahua que pertenecían a una comunidad que se intentó organizar contra las bandas de secuestradores y extorsionadores que los amedrentaban; la aparición de un grupo delictivo denominado los “Mata Zetas”, así como el reciente asesinato del corresponsal de un agencia noticiosa, solamente en el transcurso de dos semanas, pone a México en una situación de violencia y crimen sin precedentes, nunca antes vista.

Desde la madrugada del viernes, la violencia se desató en Michoacán. Esa misma noche, presuntamente miembros de dos grupos delictivos se enfrentaron en pleno centro de la ciudad de Morelia, registrando un total de seis encuentros en los cuales dos presuntos miembros de “Los Zetas” resultaron muertos.

Asimismo, de la madrugada del sábado a la del domingo en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Zitácuaro, Jiquilpan, Maravatío, Zamora, Taretan, La Piedad y Lombardía grupos de desconocidos, presuntamente miembros de “La Familia Michoacana” se enfrentaron o abrieron fuego contra bases de operación de la Policía Federal, así como del Ejército Mexicano y de la Armada de México, y en hoteles y posadas donde se albergaban los elementos federales, hechos que dejaron como saldo tres policías federales y dos militares muertos, así como 18 agentes heridos.

Además, en Altamirano, Guerrero, y Salamanca, Guanajuato, también se produjeron embestidas contra elementos de la Policía Federal, aunque en el último punto también había marinos y militares.

La ofensiva desatada por “La Familia”, de acuerdo a las autoridades federales, se debe a la detención de Arnoldo Rueda Miranda, “El Minsa”, miembro de segundo nivel de importancia en la estructura de esta organización delictiva. El objetivo primario era liberarlo y luego, al fracasar, ejecutarlo y evitar así que desentrañara la forma de operar del grupo delictivo.

En esta violenta reacción en la que se utilizaron armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y una estructura logística casi impecable, da cuenta del poderío de esta organización que hizo su aparición pública apenas hace tres años, el 22 de noviembre de 2006, mediante desplegados en los periódicos La Voz de Michoacán y El Sol de Morelia, en donde informaban sus objetivos y la forma en que operarían en la entidad.

De esta manera, el Estado Mexicano se encuentra de frente ante una organización criminal que basa sus preceptos en un fundamentalismo religioso y tenía (o tiene) cooptadas a las autoridades de varios municipios cuya relación se hizo evidente mediante la detención de cerca de tres decenas de funcionarios y ex funcionarios públicos de la entidad.

De acuerdo a versiones de inteligencia, para el 2006, “La Familia Michoacana” contaba con al alrededor de cuatro mil integrantes distribuidos en 113 municipios de la entidad, con un sueldo que oscilaba entre los mil 500 y los 2 mil dólares mensuales. Tan sólo en la ciudad de Morelia operan cerca de mil 500 “narcotienditas”, misma cifra que rebasa las 16 mil a nivel estatal. Lugares en donde se venden cerca de 16 kilos de cocaína diarios que generan ganancias de por lo menos 4 millones de pesos al día.

De esta forma, el Estado Mexicano, y léase así y no solamente como Gobierno Federal, se enfrenta a un grupo delictivo numeroso, bien estructurado y armado hasta los dientes. Situación que obliga a una reestructuración de la estrategia emprendida contra ellos en la que imperen los movimientos quirúrgicos, donde las acciones de inteligencia sean aplicadas para mermar, en primera instancia, la estructura financiera de este cártel y en seguida se obstruyan las redes de proveedores de armamento del mismo.

Ni los pobladores de Michoacán, ni los de sus municipios circunvecinos, deben seguir en el riesgo que conlleva una estrategia de reacción y no-inteligencia. Misma que se vio vulnerada en los atentados del pasado 16 de septiembre en donde civiles perdieron la vida por una falta de estrategia contra el narcotráfico y la complicidad de las autoridades en su operación.

Y mientras la batalla sucede, hay civiles que mueren en este campo de guerra, tal como lo que sucediera al periodista Martín Javier Miranda Avilés, asesinado en su propio domicilio en la madrugada de este lunes.

Mención aparte merece el caso de la comunidad mormona asentada en la colonia Le Barón, en Nuevo Casas Grandes, en donde el crimen organizado dio una muestra de su poder secuestrando y ejecutando a Benjamín Le Barón y a Luis Widmar, el primero de ellos, activista de un reciente grupo que se manifestaba contra los secuestros perpetrados por el crimen organizado en sus comunidades y municipios circunvecinos a raíz del plagio de su hermano de tan sólo 17 años de edad.

A raíz de estos homicidios, mismos que tuvieron como motivo la revancha por la detención de 25 miembros del crimen organizado que pertenecían a una célula de secuestradores, la comunidad Le Barón decidió armarse ante la ineptitud del Gobierno Municipal y estatal para defenderlos, así como la omisión de las autoridades federales y militares en su protección luego del secuestro del menor y durante la incursión del comando armado para perpetrar los levantones y los homicidios.

En consecuencia el estado, lejos de hacer ver que la ley del talión no debe aplicarse en un Estado de Derecho, decide instruir a los pobladores y organizarlos en la estructura de la Policía Comunitaria; es decir, como no pueden defenderlos, que ellos se defiendan… ah bruto!

La impotencia generada en la sociedad civil que observa una inacción en sus autoridades, genera grupos paramilitares de “vengadores” que provean de seguridad a su familia, como los “Mata Zetas”, muy probablemente conformado por elementos federales o militares desertores o en nómina, con instrucción armamentista y logística bien definida, misma que se hace evidente en los interrogatorios que se han publicado en la Internet, en donde cuestionan profesionalmente a sus presas sobre las relaciones que tienen con las autoridades locales y federales en los estados de Veracruz y Quintana Roo.

Secuestros, interrogatorios y ejecuciones post-cuestionamiento, incursionaron en la escena pública en Acapulco desde el 2005, donde un grupo de Agentes Federales de Investigación secuestró, interrogó y ejecutó a tres Zetas que operaban en el Puerto y cuyos homicidios pudieron testificar miles de cibernautas que navegaban en la red.

La sociedad mexicana se encuentra acorralada entre la ofensiva del narco y la reacción del Estado.

Es así que mientras el Gobierno Federal intenta demostrar que su “guerra contra el narcotráfico” no fue una simple simulación electorera, ni la fundación de un Cártel que intenta controlar el trasiego, distribución y venta de droga, como en las décadas de gobiernos priístas, la sociedad civil se empieza a armar y a encontrar con las consecuencias de la ofensiva de grupos delictivos y paramilitares que están viviendo una lucha sin precedentes en un país límite.

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