Washington, (EFE).- El sindicato de trabajadores agrícolas migrantes de AFL-CIO denunció hoy ante la CIDH que el Gobierno de México "parece no querer actuar" ante el "caso no resuelto" del asesinato de su líder Santiago Rafael Cruz en abril de 2007.

El presidente del sindicato, denominado Comité Organizador de Trabajadores del Campo (FLOC, por sus siglas en inglés), Baldemar Velásquez, expuso el caso de Cruz en una audiencia a puerta cerrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebra su 137 periodo de sesiones públicas hasta el viernes.

El cadáver de Cruz fue hallado el 9 de abril de 2007 en la oficina que el FLOC tiene en Monterrey (México), atado de pies y manos y con señales de haber sido torturado y golpeado.

Según explicó a Efe Velásquez, las acciones de la justicia mexicana para esclarecer el asesinato de Cruz "se detuvieron" en el momento en que se arrestó y encarceló a Jaime Martínez Amador, quien se declaró culpable meses después de los hechos.

Pese a que Amador identificó en su declaración los nombres de dos cómplices en el asesinato, Eduardo Rodríguez Cervantes y Gilberto Gutiérrez, las autoridades "no han hecho nada" por perseguirlos.

"El gobierno federal alegó que se trataba de un caso aislado y la Procuraduría de Nuevo León -que se ocupa ahora del caso- parece querer cerrarlo y no tiene ningún interés en pedir el arresto de esos dos criminales", dijo a Efe Velásquez.

En los últimos dos años, el FLOC ha denunciado ante autoridades mexicanas y estadounidenses que el asesinato de Cruz tuvo un móvil político, ya que su labor consistía en estudiar irregularidades en el sistema de reclutamiento de trabajadores agrícolas mexicanos destinados a EE.UU.

Según el sindicato, el líder se esforzaba en evitar a esos inmigrantes el pago de tarifas con las que las compañías reclutadoras les "extorsionan".

"El programa alternativo de inmigración que desarrolla el sindicato representa una amenaza para la red de criminales enganchados en esos programas de contratación", aseguró Velásquez.

En abril de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger a los trabajadores de la oficina del FLOC en Monterrey, a raíz de las preocupaciones expresadas por el sindicato sobre su seguridad.

Ante la ausencia de nuevas evidencias de violencia en los últimos dos años, los representantes del Gobierno de México en la audiencia pidieron a la CIDH que retire las medidas.

Velásquez se comprometió a enviar al Estado documentación e información "que les demuestre que cada uno de nuestros trabajadores se siente amenazado y vigilado".

Según el presidente de FLOC, el personal de la oficina de Monterrey tiene que viajar a la localidad fronteriza de Nuevo Laredo, en cuyas calles "les siguen y les vigilan de forma sistemática".

"No es un ataque directo, ni estamos en peligro inminente, pero mientras los culpables del asesinato de Cruz sigan libres cualquiera de nosotros puede ser atacado", consideró Velásquez.

"Y los verdaderos motivos del asesinato no se van a saber hasta que no los capturen".

Velásquez aseguró que uno de los dos individuos que el FLOC acusa de colaborar en el asesinato del activista, Eduardo Rodríguez Cervantes, "fue capturado hace pocas semanas por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en Arizona, entregado a las autoridades mexicanas de Sonora y liberado horas después".

"Necesitamos saber quién está protegiendo a estas personas", señaló.

A pesar de la insistencia del Gobierno mexicano en retirar las medidas cautelares, Velásquez consideró que en la audiencia hubo un "buen intercambio" entre ambas partes, y que la presentación de FLOC "sirvió para ponerles un fuego" para que resuelvan el caso.

La CIDH, por su parte, se comprometió a "evaluar los testimonios" adicionales que presentará el FLOC y a emitir una resolución acerca de las medidas.