San Diego (Notimex).- El Senado de California aprobó una ley que limita la colaboración de 205 departamentos de policía y 58 del alguacil con las autoridades de migración para deportar a todo indocumentado por faltas tan comunes como infracciones de tránsito.
El asambleísta Tom Ammiano informó este viernes que su iniciativa, Acta de la Confianza, da respiro a unos dos millones y medio de indocumentados y a un número indefinido de residentes legales en California, al limitar el programa nacional de deportaciones Comunidades Seguras.
La iniciativa de Ammiano ya fue aprobada en la Asamblea o cámara baja y será entregada este mismo viernes al gobernador de California, Jerry Brown, para que la refrende en los próximos 30 días.
La coordinadora de la Asociación Nacional de Jornaleros, Verónica Federovsky, dijo a Notimex que otros estados "tienen los ojos puestos en California; si el gobernador firma la ley, otros estados van a presentar sus propias versiones de la ley de la confianza".
Organizaciones y legisladores buscan aprobar la ley antes de fin de año, pues el Departamento de Seguridad Interior (HSD) anunció que para 2013 todas las corporaciones policiacas colaborarán obligatoriamente con el programa Comunidades Seguras.
Hasta ahora, mediante ese programa, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) destaca a agentes a los departamentos de policía y del alguacil y usa un sistema electrónico nacional para identificar a indocumentados detenidos por cualquier razón.
Los inmigrantes y muchos residentes legales son detenidos por el ICE al salir de los departamentos policiacos y procesados para deportación.
En lo que va de la administración del presidente Barack Obama han sido deportadas más de un millón y medio de personas mediante ese programa, lo que genera separaciones familiares que los municipios tienen que resolver.
El Acta de la Confianza restablece a Comunidades Seguras su sentido original de entregar y deportar únicamente a los indocumentados que cometan delitos graves y tengan antecedentes penales serios.
Fue aprobada tras una serie de sesiones maratónicas de la legislatura antes de que llegue el periodo de receso legislativo en agosto próximo.
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