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México, (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México pidió hoy medidas cautelares para garantizar la seguridad de la familia y colegas del periodista asesinado el pasado lunes en el norteño estado de Durango.
José Bladimir Antuna, reportero de la sección policiaca del diario El Tiempo de Durango, se convirtió en el décimo periodista asesinado en México en lo que va del año, cuatro de ellos en Durango y dos del mismo periódico duranguense.
La CNDH, que hace las veces de Defensor del Pueblo, indicó en un comunicado que envió a Durango a personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos para entrevistar a autoridades, directivos del diario y familiares del periodista asesinado.
Además, los funcionarios de la dependencia buscarán en los escritos periodísticos del agraviado alguna pista para determinar si tienen alguna relación con su muerte, agregó la fuente.
La CNDH condenó "enérgicamente" la violencia en contra de los periodistas y demandó a las autoridades una indagatoria "eficaz" en el caso de Antuna, que se une a los de los otros periodistas asesinados en Durango: Carlos Ortega Melo Samper, Eliseo Barrón Hernández y Gerardo Esparza Mata.
En abril pasado, antes de esta serie de asesinatos de periodistas en Durango, el arzobispo de la región, Héctor González, dijo a la prensa que el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán se ocultaba en la sierra duranguense.
"Más adelante de Guanaceví, por ahí vive 'El Chapo'. Todos lo sabemos menos la autoridad", afirmó el arzobispo duranguense sobre el paradero de Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados de México, quien en 2001 se fugó de un penal de alta seguridad y es el líder del cartel de Sinaloa.
En Durango opera también el grupo de "Los Zetas", considerado el brazo armado del cártel de las drogas del Golfo, al que se le vincula con algunos de los asesinatos de periodistas ocurridos en esa región de México.
La CNDH dijo que la solicitud de medidas cautelares fue presentada al gobierno de Durango.
"Para esta Comisión Nacional resulta indispensable que las autoridades federales y locales cumplan con su deber de salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad, y se garanticen los derechos de acceso y a la procuración de justicia, así como a la libertad de expresión", concluyó.
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